La empresa minera Southern Perú acaba de ganar la licitación de uno de los proyectos más importantes del norte, Michiquillay. La agencia de noticias Andina, informó esta mañana que logró la buena pro tras superar la oferta de la minera Millpo. Sin embargo, la minera tiene un largo historial social y ambiental.
En Arequipa, dirigentes de Islay como Miguel Meza y Catalina Torocahua afirman que hay oposición de parte de las comunidades al ambicioso proyecto Tía María de Southern. Ellos aseguran que la minera está presionando al Estado y a las comunidades para que se le den los permisos comenzar a operar en la zona, donde en el 2009, mediante una consulta vecinal, la población dijo No al Proyecto Tía María y decidieron apostar con la agricultura y agroindustria.
Al respecto, el Ingeniero economista Juan Aste Daffós escribió en una columna de opinión para Red Muqui que “Que en el caso del proyecto Tía María debe señalarse que la empresa y la consultora nunca han podido responder de manera sustentada las observaciones de UNOPS sobre el alto riesgo del impacto por el polvo que emanará del tajo La Tapada, ubicado a menos de 600 metros del valle de Tambo”. La empresa tampoco ha aclarado cómo será su manejo del agua, de forma que no afecte a los agricultores del valle, cuya economía se mueven en torno a la agroindustria.
Por su parte, en el 2014, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) multó a Southern Perú por medio millón de soles. El OEFA indicó que la dispersión del material particulado puede causar efectos adversos al ambiente, tal es el caso de la calidad de suelo y agua. “Si tiene contacto con el agua y la atmósfera húmeda es potencial generador de aguas ácidas”, cita el diario La República.
En Moquegua, donde Southern está a cargo del proyecto Quellaveco, hasta el 2015, la empresa tenía 9 multas ambientales que ascendían a 414,282 miles de dólares por diferentes infracciones ambientales entre las que estaban incumplimientos de usos de instrumentos ambientales. Hace poco se dio a conocer que la Autoridad Nacional del Agua estaba realizando pruebas en el Río Torata, donde las comunidades afirman que hay contaminación minera.
